miércoles, 8 de agosto de 2012


Condena el Tribunal Superior de Justicia al notario Alejandro Davis Drew, por expedir escrituras apócrifas



Tulio Ortiz Uribe
El 7 de marzo de 2006, la agente del Ministerio Público de Los Barriles, licenciada Rosa Barrón Moreno, consignó al señor Lino Cota Pérez y a su hijo Filiberto Cota García, mediante la averiguación previa 219/2006, a proceso penal como presuntos responsables del delito de despojo…de su propio terreno.

Este es otro de los mil 200 casos de propiedades que en los últimos seis años, han sido invadidas o se pretende arrebatar a sus legítimos dueños mediante documentos falsos, situación que sería imposible sin la complicidad de, notarios, ministerios públicos, jueces y funcionarios municipales. Esto le ha valido a Baja California Sur ocupar el segundo lugar nacional en cuanto a la integración de averiguaciones previas por el delito de despojo, con un promedio de 55.8 ilícitos por cada 100 mil habitantes.

El camino que ha tenido que recorrer la familia Cota García para recuperar su patrimonio está lleno de injusticias, gastos innecesarios, pérdida de tiempo e impotencia, pero finalmente derivó en la condena, por primera vez en el estado, del notario público que se prestó para expedir una escritura pública apócrifa: Alejandro Davis Drew.

De acuerdo con el artículo 132 de la Ley del Notariado de Baja California Sur, “los notarios son civilmente responsables de los daños y perjuicios que causen en el ejercicio de sus funciones a las personas que ante ellos comparecen, por las omisiones o violaciones de las leyes en que incurrieren, siempre que sean consecuencia directa e  inmediata de su intervención, sin perjuicio de la responsabilidad penal que les pueda resultar en el caso de constituir un delito dichas omisiones o violaciones”

La ley prevé la revocación del nombramiento de notaría cuando incurra en faltas de probidad en el ejercicio de sus funciones “o se hiciere patente su falta de honorabilidad”.

La historia  
El 15 de diciembre de 1982, María Rojas le pidió al señor Lino Cota que le permitiera poner un “campersito” para vivir una temporada en la propiedad de éste, un terreno de 968 metros cuadrados situado en el poblado de Los Barriles, que compró en 1979 al señor Edmundo Rochín Araujo.

La señora Rojas y su familia se instalaron en la propiedad de Lino Cota, quien tiempo después le autorizó a construir una recámara cocina y baño, en el entendido de que dichas mejoras quedarían para beneficio del propietario.

Relata Lino Cota que el 15 de noviembre de 1991, María Rojas lo buscó para darle las gracias por haberle permitido vivir casi diez años en la propiedad y le entregó las llaves de la construcción que dejó en beneficio del inmueble a modo de compensación por el tiempo del uso del bien, como previamente habían pactado.

Tiempo más adelante y para sorpresa de Lino Cota y su familia, alguien llegó a ocupar la casa, bajo el argumento de que la señora María Rojas se las estaba rentando. “Ante ello les informamos a los inquilinos que indebidamente esta persona les rentaba, y les pedimos desalojaran nuestra propiedad ya que la íbamos a demandar por despojo”. El 16 de mayo de ese año, radicamos la demanda bajo el número 27/LB/2006, en la agencia del Ministerio Público del Fuero común de Los Barriles.

Pero más se sorprendió Lino Cota, cuando, al rendir su declaración ministerial, María Rojas exhibió la escritura pública 12.456, protocolizada el 8 de diciembre de 1992 por el notario público Alejandro Davis Drew,  en donde se asienta que el señor Cota “le donó” el terreno a María Rojas. “Nosotros jamás otorgamos nuestro consentimiento ni firmamos ningún documento, por lo que son falsas tanto la escritura privada de donación, como su protocolo realizado supuestamente ante dicho notario”, dice el agraviado.

Y agrega: “La existencia y exhibición de tales documentos nos alarmó, ya que nunca dimos nuestro consentimiento y las firmas que se nos atribuyen son unas burdas falsificaciones de nuestras firmas autógrafas”

Para estas fechas Lino Cota y su familia ya no encontraban la puerta de salida a su problema. Si la burocracia camina en burro, la justicia lo hace sobre una tortuga. Deben pasar años para ver la luz de la verdad. “De lo que estamos seguros, dice Lino Cota, es que somos víctimas de una muy bien tramada conspiración criminal orquestada por María Rojas en contubernio con el delegado municipal de San Antonio, los apócrifos testigos Pedro Márquez y Maximiliano Lucero y el notario público que la protocolizó, quienes por motivos y causas que solo ellos pueden explicar, participaron en la conspiración para despojarnos de nuestra propiedad”.

Pero finalmente se impuso la verdad, el 2 de septiembre de 2011, el magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia, licenciado Rafael Siqueiros Flores, resolvió que:

1.- Se decreta la anulación de la escritura privada de donación a favor de María de La Paz Rojas, respecto de un lote de terreno urbano ubicado en el poblado de Los Barriles. 2.- Se declara la anulación de la escritura pública 12.456, del protocolo del ciudadano licenciado Alejandro Davis Drew, notario público número dos. 3.- Se condena a la parte demandada, María de La Paz Rojas,  y licenciado Alejandro Davis Drew al pago de los daños y perjuicios causados con motivo y a consecuencia de la ilegal expedición de la escritura pública número 12.456, monto exacto que se cuantificará en el periodo de ejecución de sentencia. 4.- Se ordena la cancelación en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del registro de la escritura que ha sido judicialmente anulada. 5.- Se ordena a la parte demandada el pago de los gastos y costas generadas en el presente juicio.

De acuerdo con la Ley del Notariado, corresponde al gobernador del Estado separar definitivamente a un notario de su cargo, entre otras por “Llevar una conducta que causa descrédito a la función notarial”.