Tulio Ortiz Uribe
Al turismo hay que entenderlo como un espacio de conflicto social, dice el especialista español Jordi Gascón, ya que el diseño de políticas públicas orientadas al desarrollo turístico de una región, sólo han servido para repartir inequitativamente los beneficios que genera, para depredar los recursos naturales y el medio ambiente, y como una amenaza para la identidad cultural.
En Baja California Sur y principalmente en el municipio de Los Cabos, estas políticas públicas han respondido, en los últimos 30 años, a los intereses de grupos y organizaciones privadas compuestos en su mayoría por extranjeros, que funcionan a modo de una subcultura, con una creciente injerencia económica, política, administrativa y cultural en toda la zona, como bien advierte el investigador de la UNAM, doctor Álvaro López (1)
Como un gobierno paralelo, los empresarios intervienen en decisiones propias del municipio, sobre todo en materia de servicios y medio ambiente. Pero incluso temas como la seguridad pública y el desarrollo social, no son ajenos a sus propuestas, como se puede ver en los proyectos Los Cabos 2025 y Los Cabos Destino Modelo, dos documentos elaborados por el Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos (CCE) que, según dicen, “ya cuentan con el apoyo de los gobiernos estatal y municipal”.
Los Cabos 2025, dice el CCE en su sitio de Internet, “será el documento rector del desarrollo integral de Los Cabos para los próximos años”. Y agrega con autoridad: “Los resultados de los estudios una vez concluidos, tendrán que ser aprobados por el Cabildo y posteriormente por el Congreso del Estado para que tengan vigencia de Ley por 25 años”
Por su parte Los Cabos Destino Modelo, “es una agenda con 23 puntos a trabajar, entre los que destacan seguridad pública, infraestructura urbana y desarrollo social”. De esta forma asuntos como el agua potable, energía eléctrica, aeropuertos, vialidades, puertos, y espacios culturales, pretenden ser diseñados desde la óptica de los empresarios para atender a los turistas, no a los residentes locales.
¿Quién se lleva las ganancias?
Con todo y que el turismo es la tercera fuente de ingresos para México y que según cifras de Fonatur deja una derrama económica anual en Los Cabos de 511 millones de dólares (algo así como 6 mil millones de pesos), esto no se ha traducido en una mejor calidad de vida para los trabajadores residentes en el estado. De acuerdo con el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el salario promedio mensual de los empleados de este sector es de 3 mil 787 pesos. Pero además, se les escamotean sus prestaciones sociales: datos de INEGI y del IMSS (2) demuestran que solamente cuatro de cada 10 personas empleadas en la actividad turística tienen seguro social.
Los desarrollistas dicen que el turismo es un motor del desarrollo porque crea empleo, impulsa otras actividades productivas, aumenta el producto interno bruto, mejora la balanza de pagos y reduce la pobreza. Sin embargo es necesario analizar estas variables desde la perspectiva de los daños al tejido social, al medio ambiente y el costo por las inversiones del estado en infraestructura.
Todos estas inversiones, concesiones e incentivos destinados a apoyar los capitales transnacionales implican la inversión de dinero público, “y se legitiman a partir de un fuerte discurso estructurado bajo el embrujo del “progreso” y el siempre deseado “desarrollo” social y económico, la generación de empleo, la mejora en el nivel y la calidad de vida de las poblaciones empobrecidas, entre algunas de las máximas más repetidas por los promotores públicos y privados de este turismo global” (3)
Entre 1976 y 2010 el gobierno federal, a través de Fonatur, ha invertido en Los Cabos 5 mil 953 millones de pesos en infraestructura urbana y escénica, para el desarrollo turístico de Los Cabos.
Sin embargo el “desarrollo” de una región por medio del turismo supone desatender a una parte importante de la población, en beneficio de una iniciativa privada que cada vez exige mayores inversiones. Esto crea un déficit importante en la atención de necesidades sociales del lugar en cuanto a la pobreza, la educación, el empleo, la salud o la vivienda.
En el municipio de Los Cabos hay un déficit de 15 mil viviendas; el 21.58 por ciento de los hogares no cuenta con agua potable; el 12.8 por ciento tiene piso de tierra; el 62.6 por ciento no cuentan con computadora; el 6.8 por ciento no tienen energía eléctrica; el 16.1 por ciento no tienen refrigerador; el 26 por ciento de la población no es derechohabiente y en todo el municipio sólo hay 9 bibliotecas públicas (INEGI censo 2010).
Para el doctor Álvaro López el corredor turístico de Los Cabos “es un escenario de recursos físicos y humanos utilizado y controlado en forma vertical a favor de las empresas emplazadas en el suroeste de Estados Unidos de América, cuyo objetivo es maximizar sus ganancias a través de conductos que, aunque largos, son eficientes y dejan fuera la participación regional”.
Esto contradice, sostiene, los argumentos que en la década de los 80 esgrimió FONATUR para justificar la inversión en infraestructura en esa zona, en el sentido de que “con el apoyo institucional se incentivarían las empresas productoras (para el turismo) locales y regionales, y en consecuencia, se generaría un desarrollo regional”
Este corredor turístico, agrega, ha creado un nuevo modelo comercial en donde la mayor parte de las mercancías son adquiridas en los Estados Unidos, ya que satisfacen los requerimientos demandados por un turismo estandarizado y con necesidades de consumo que sólo pueden ser satisfechas con productos obtenidos en sus países de origen. Este hecho demuestra que las redes comerciales no apoyan a la economía regional, pero sí generan una fuerte dependencia con el exterior”, en lo que ahora se conoce como un turismo sin fronteras.
Un turismo internacional que es también un paradigma de esta colonización moderna y silenciosa enmarcada en la globalización económica. Una dinámica en la que, en última
instancia, los poderes públicos se limitan a regular y desregular, promover e incentivar, facilitar o permitir la diversificación geográfica del negocio y las inversiones y los flujos turísticos masivos internacionales, con una fuerte concentración espacial y temporal y con destacables impactos en los planos social, cultural, económico y ambiental en los territorios anfitriones (4)
Así la mayor parte de los beneficios económicos derivados del turismo queda en manos de los inversionistas extranjeros y algunos nacionales. Trátese de cadenas hoteleras, líneas aéreas, las promotoras inmobiliarias o las constructoras, las ganancias se concentran en este tipo de actividades, mientras que las poblaciones nativas suelen quedarse sólo con algunos beneficios marginales de la explotación.
En Los Cabos están asentados 9 de los grandes grupos hoteleros internacionales, los cuales en conjunto tienen 29 mil 948 hoteles y 3 millones 329 mil 711 cuartos distribuidos en todo el mundo. Con excepción del grupo francés Accor, que no tiene presencia en Los Cabos, los nueve grupos restantes son de capital norteamericano: Intercontinental (Crown Plaza, Holiday Inn), Cendant (Howard Johnson), Marriott Inn (Marriott Hotels), Hilton Corp. (Hilton), Choice (Comfort), Best Western (Best Western), Starwood Hotels (Sheraton, Westin), Carlson Hosp. (Regent) y Global Hyatt (Hyatt Regency).
Estos grupos controlan el mercado mundial del hospedaje y son líderes en la estructura y consolidación del alojamiento turístico e influyente en la definición de tendencias territoriales del turismo internacional.
Otro aspecto importante en el negocio turístico en el corredor de Los Cabos, lo representa las arrendadoras de autos. Nueve empresas extranjeras dominan el mercado de autos rentados: Advantaje Car Rental, Budget, Alamo, Avis Car Rental, Payless Car Rental, Autos Thrifty, Nacional, Dollar y Autos Hertz, los cuales con sus flotillas han logrado un negocio altamente lucrativo y es la columna vertebral para la movilidad de los turistas.
Las líneas aéreas se llevan la mejor parte del negocio, ya que las empresas extranjeras acaparan el 75 por ciento de los vuelos El aeropuerto de San José del Cabo quedó concluido en 1987 y hoy en día operan en esa terminal 21 líneas entre otras: Alaska Airlines, Delta Airlines, American Airlines, Frontier, Nort West, Champions, Sky Service, Aero Pacífico, Interjet, Continental Airlines, Volaris, Aeroméxico, America West, USA 3000, Sun Country y Air Canada. Otro segmento de turistas llega en vuelos privados, aunque no se tiene una estadística al respecto
El valor del mercado inmobiliario en el corredor turístico de Los Cabos e superior a mil millones de dólares anuales¬ y tiene una tasa sostenida de crecimiento del 35 por ciento. Este segmento de negocios está controlado por al menos cuarenta empresas extranjeras, la mayoría con sede en California, Colorado, Arizona y Nuevo México.
En promedio cada año se construyen en Los Cabos dos mil casas de descanso para el mercado de extranjeros, a un precio mínimo de 350 mil dólares. Aunque hay un segmento de inversionistas que adquieren una propiedad exclusiva en zona de playa en un millón de dólares o más al contado.
El mercado es tan lucrativo, que se calcula que las inmobiliarias tienen un ingreso anual de 100 millones de dólares, tan solo por la intermediación entre vendedor y comprador, sin considerar la venta de casas usadas, terrenos, ranchos y otro tipo de propiedades.
Las empresas dueñas del mercado inmobiliario son: Linda Neil Properties, Grimes Properties, Cabo Realty, Land´s and Realty, Esperanza Timbers Resort, Realty World Baja Realtors, Los Cabos Properties, H & H Relocation, Baja Peninsula Real Estate, Los Cabos Homes Services, Rionda & Knapp, Dorado Properties, La Paz Real Estate, Diamante Associates, Paraíso del Mar Remax, Omni Services, La Paz Realty, La Paz Properties, The Settlement Company, Snell Real Estate, Baja Properties, Coldwell Bankers Riveras, Querencia Properties, Prudencial Cabo Gold, Valuaciones Montaña Verde, Cabo San Lucas Properties, Cabo Linda Real Estate Sales, Escaped Properties, Prudencial California Realty, Villa La Estancia, Cabo 4 Sale Real Estate & Development, East Cape Homes, Paraíso California, Remax Los Cabos, Century 21, Costa Realty, Pisces Real Estate, Zoe Real Estate and Development, Consultores Phoenix, Baja Ventures y otras.
Impacto en los ecosistemas
Lo llaman la “industria sin chimeneas”, como si se tratara de una actividad limpia que no contamina, y que además cuida el medio ambiente. Sin embargo para las organizaciones ambientalistas el turismo es un agente depredador de los ecosistemas. Greenpeace asegura que las autoridades de diversas dependencias “se han dedicado a aprobar proyectos que no cumplen normas y criterios ambientales, que agotan los recursos de zonas frágiles y lejos de traer riqueza a las comunidades lo que hacen es empobrecerlas, contaminar, generar presión en los acuíferos, demanda de servicios y economías de corto plazo”
La presión que ejerce el turismo sobre los acuíferos del estado es un aspecto que ya debería haber prendido los focos rojos de las autoridades. Baja California Sur es la entidad con menor disponibilidad de agua potable: sólo 900 metros cúbicos al año por habitante, cuando que el promedio nacional es de 4 mil 500. La precipitación media anual en esta región desértica es de 175 milímetros, casi la cuarta de la media nacional que es de 770.
De acuerdo con indicadores manejados por diversos organismos encargados de la administración del recurso agua, la disponibilidad se considera muy baja cuando es menor a 1.000 m3/hab/año, valor que limita drásticamente las posibilidades de desarrollo de una región.
Sin embargo parecería que se vive en la abundancia. En la página oficial de Fonatur en Internet, se puede leer: “Los Cabos es considerado como la capital del golf en México, ya que cuenta con 9 campos de excelencia, en los que se juegan más de 200 mil rondas al año. Su mercado potencial es enorme: millones de golfistas de la costa oeste y del sureste de los EU. El desarrollo de este deporte ha sido tal, que la revista especializada Golf Digest catalogó a Los Cabos como uno de los 13 mejores destinos en el mundo para practicarlo”
Si se considera que un campo de golf requiere unos 15 mil metros cúbicos de agua por hectárea al año, y la extensión promedio de un campo es de 50 hectáreas, tendríamos un total de 450 hectáreas que necesitan 6 millones 750 mil metros cúbicos de agua. Para verlo en perspectiva, en La Paz, 250 mil habitantes consumen 22 millones de metros cúbicos de agua al año; es decir, los campos de golf de Los Cabos consumen lo mismo que 75 mil habitantes. En baja California Sur, 95 mil personas no cuentan con agua corriente en su domicilio, según datos del INEGI.
En este contexto, dedicar millones de metros cuadrados de suelo y millones de litros de agua para el entretenimiento del turismo, permiten ejemplificar la forma en que el turismo sólo tiene una meta: las ganancias por encima de los intereses de la comunidad.
En cuanto a la depredación del medio ambiente, el mega desarrollo Cabo Cortés es emblemático: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó la construcción del desarrollo Cabo Cortés, con lo cual se ha puesto en riesgo al parque Marino Cabo Pulmo, el arrecife coralino más importante del Golfo de California, el cual fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco.
Seguramente pueda existir otro tipo de políticas públicas de “desarrollo turístico” que repercutan de forma efectiva en el bienestar y la calidad de vida de la mayor parte de la población. También es posible que se pueda desarrollar otra forma de hacer turismo que sea sostenible social y ambientalmente.
______________________________________
1.- López López, Álvaro, análisis de los flujos turísticos en corredor Los Cabos, BCS, UNAM, 2001.
2.-El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene registradas al cierre del pasado abril a 923 mil 500 personas que trabajan directa o indirectamente en la actividad turística. La cifra representa apenas 38.47 por ciento de los 2 millones 454 mil 372 empleos generados por el turismo, principalmente en actividades relacionadas con restaurantes, bares, centros nocturnos y transporte, indican datos de la más reciente Cuenta Satélite del Turismo 2005-2009 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
3.- Fernández Miranda, Rodrigo, El papel público en el turismo globalizado. Preámbulo a los estudios Turismo sin fronteras patrimonio, ocio y rentabilidad. Madrid, 2009
4.- Ibíd.
lunes, 25 de julio de 2011
sábado, 23 de julio de 2011
Las redes de corrupción en el gobierno de Agúndez
Tulio Ortiz Uribe
El 12 de junio de 2008, el gobierno del Estado a través de la secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología, le adjudicó al ciudadano Herminio Betancourt Geraldo, mediante licitación pública, dos contratos para obra por 6 millones 290 mil 680 pesos; en la misma sesión, la empresa Constructora y Urbanizadora Betancourt, SA de CV, recibió otros dos contratos con un valor de 1 millón 512 mil 119 pesos.
Lo anterior parecería un procedimiento burocrático más, excepto por dos hechos que resultan violatorios de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado, y que evidencian las redes de complicidad y corrupción que permearon todas las estructuras de gobierno en el sexenio pasado: Betancourt Geraldo es tío político de Narciso Agúndez Montaño y, esta persona solía concursar en las licitaciones con dos propuestas, una como persona física y otra con su empresa Constructora y Urbanizadora Betancourt. De esta forma aumentaban las probabilidades de adjudicarse un contrato, al presentar dos cotizaciones, en un formato donde las licitaciones se realizan con un promedio de tres concursantes.
El artículo 61 de la Ley de Adquisiciones, estipula que las dependencias del gobierno estatal no podrán recibir propuestas o celebrar contrato con personas con quien “el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles…” Asimismo, “con aquellas que presenten propuestas en una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación, que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común.
Así, de manera ilegal, este empresario recibió en cinco años del gobierno agundista, 38 contratos por un total de 62 millones 167 mil 842 pesos: diez como persona física y 28 mediante su empresa constructora.
Constructora y Urbanizadora Betancourt se constituyó el 7 de enero de 2004, mediante la escritura pública número 24.146, ante el notario Carlos Aramburu Romero. Como socios aparecen Herminio Betancourt, Rosa María Agúndez y Rubén Betancourt Agúndez.
La Contraloría del Estado nunca hizo alguna observación, investigación o denuncia en este típico caso de tráfico de influencias, responsabilidad de funcionarios y delitos contra la administración pública, que fue una constante en el gobierno de Narciso Agúndez Montaño.
El 12 de junio de 2008, el gobierno del Estado a través de la secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología, le adjudicó al ciudadano Herminio Betancourt Geraldo, mediante licitación pública, dos contratos para obra por 6 millones 290 mil 680 pesos; en la misma sesión, la empresa Constructora y Urbanizadora Betancourt, SA de CV, recibió otros dos contratos con un valor de 1 millón 512 mil 119 pesos.
Lo anterior parecería un procedimiento burocrático más, excepto por dos hechos que resultan violatorios de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado, y que evidencian las redes de complicidad y corrupción que permearon todas las estructuras de gobierno en el sexenio pasado: Betancourt Geraldo es tío político de Narciso Agúndez Montaño y, esta persona solía concursar en las licitaciones con dos propuestas, una como persona física y otra con su empresa Constructora y Urbanizadora Betancourt. De esta forma aumentaban las probabilidades de adjudicarse un contrato, al presentar dos cotizaciones, en un formato donde las licitaciones se realizan con un promedio de tres concursantes.
El artículo 61 de la Ley de Adquisiciones, estipula que las dependencias del gobierno estatal no podrán recibir propuestas o celebrar contrato con personas con quien “el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles…” Asimismo, “con aquellas que presenten propuestas en una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación, que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común.
Así, de manera ilegal, este empresario recibió en cinco años del gobierno agundista, 38 contratos por un total de 62 millones 167 mil 842 pesos: diez como persona física y 28 mediante su empresa constructora.
Constructora y Urbanizadora Betancourt se constituyó el 7 de enero de 2004, mediante la escritura pública número 24.146, ante el notario Carlos Aramburu Romero. Como socios aparecen Herminio Betancourt, Rosa María Agúndez y Rubén Betancourt Agúndez.
La Contraloría del Estado nunca hizo alguna observación, investigación o denuncia en este típico caso de tráfico de influencias, responsabilidad de funcionarios y delitos contra la administración pública, que fue una constante en el gobierno de Narciso Agúndez Montaño.
viernes, 8 de julio de 2011
Opacidad e indolencia, en el ITAI estatal
Tulio Ortiz Uribe
Con un presupuesto mensual de 213 mil 335 pesos, 11 funcionarios y empleados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Baja California Sur (ITAI), ven pasar la vida como quien está de vacaciones. En lo que va del año, sólo han resuelto CUATRO acuerdos de solicitudes de información.
Contrario a su función de transparencia, en su página oficial de Internet presentan el informe de resultados de la revisión de la cuenta pública de ese Instituto, realizada por el Congreso para los años 2009 y 2010, pero el documento no presenta ¡un solo dato financiero!
Pero no sólo son omisos. En dicha página aún aparece la lista de funcionarios de enlace del gobierno anterior, tales como Héctor Ibarra Espinosa, Jorge Vale, Francisco Cardoza Macías, etcétera, con todo y que cuentan con un “coordinador de informática”, quien tiene entre otras funciones la de “Coordinar, homogeneizar y sistematizar la información que se suministra para el sitio de Internet”
En marzo de 2007, el congreso federal expidió un decreto que reforma el artículo sexto constitucional, y en su artículo tercero transitorio obliga a los estados para que en un plazo no mayor de dos años, cuenten con un sistema electrónico “para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información”; es decir, a través de Internet se podrían realizar y recibir solicitudes de información de los sujetos obligados en la estructura de gobierno.
Para que ningún estado se excediera de esos plazos, el 13 de marzo de 2009 se firmó un convenio entre el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el gobierno del Estado, y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, con el fin de cederle la tecnología y el desarrollo de un sistema electrónico de solicitudes de acceso a la información pública, denominado Sistema Infomex, financiado con recursos del Banco Mundial.
El 13 de agosto de 2009, luego de que durante tres meses personal del IFAI desarrolló el Sistema Infomex para el estado, que consistió en instalar, configurar, cargar catálogos, construir procesos, realizar pruebas internas, capacitar y ofrecer asesorías al personal y liberación del sistema, el director general de Informática del gobierno del Estado, José Manuel González Cota, firmó el acta de aceptación “de los trabajos de desarrollo del sistema Infomex”,
Dos años después, el Sistema Infomex sigue sin operar como se puede ver en el sitio http://www.itai.org.mx, sin que nadie pueda dar una respuesta a esta grave irregularidad.
Con un presupuesto mensual de 213 mil 335 pesos, 11 funcionarios y empleados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Baja California Sur (ITAI), ven pasar la vida como quien está de vacaciones. En lo que va del año, sólo han resuelto CUATRO acuerdos de solicitudes de información.
Contrario a su función de transparencia, en su página oficial de Internet presentan el informe de resultados de la revisión de la cuenta pública de ese Instituto, realizada por el Congreso para los años 2009 y 2010, pero el documento no presenta ¡un solo dato financiero!
Pero no sólo son omisos. En dicha página aún aparece la lista de funcionarios de enlace del gobierno anterior, tales como Héctor Ibarra Espinosa, Jorge Vale, Francisco Cardoza Macías, etcétera, con todo y que cuentan con un “coordinador de informática”, quien tiene entre otras funciones la de “Coordinar, homogeneizar y sistematizar la información que se suministra para el sitio de Internet”
En marzo de 2007, el congreso federal expidió un decreto que reforma el artículo sexto constitucional, y en su artículo tercero transitorio obliga a los estados para que en un plazo no mayor de dos años, cuenten con un sistema electrónico “para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información”; es decir, a través de Internet se podrían realizar y recibir solicitudes de información de los sujetos obligados en la estructura de gobierno.
Para que ningún estado se excediera de esos plazos, el 13 de marzo de 2009 se firmó un convenio entre el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el gobierno del Estado, y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, con el fin de cederle la tecnología y el desarrollo de un sistema electrónico de solicitudes de acceso a la información pública, denominado Sistema Infomex, financiado con recursos del Banco Mundial.
El 13 de agosto de 2009, luego de que durante tres meses personal del IFAI desarrolló el Sistema Infomex para el estado, que consistió en instalar, configurar, cargar catálogos, construir procesos, realizar pruebas internas, capacitar y ofrecer asesorías al personal y liberación del sistema, el director general de Informática del gobierno del Estado, José Manuel González Cota, firmó el acta de aceptación “de los trabajos de desarrollo del sistema Infomex”,
Dos años después, el Sistema Infomex sigue sin operar como se puede ver en el sitio http://www.itai.org.mx, sin que nadie pueda dar una respuesta a esta grave irregularidad.
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